Análisis de la ley de dependencia: Inconvenientes
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- Categoría: Información Jurídica
- Escrito por José Manuel Hidalgo Fernández
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Siguiendo la línea iniciada en el número anterior de revista, en el cual se abordaba la Ley de Dependecia desde el punto de vista de sus ventajas, he querido expresar en el presente artículo la otra cara de la mencionada ley.
La Ley de Dependencia prevé analizar en el 2009 el despliegue de la misma. Los expertos critican la ausencia de financiación, la incorrecta definición del modelo, la ausencia de coordinación sociosanitaria y la inexistencia de un trato equitativo con independencia del lugar de residencia.
Los retrasos que están soportando los ciudadanos para recibir las ayudas previstas por la Ley de Dependencia son tan acusados en algunos casos que miles de ancianos están muriendo en toda España esperando lo prometido.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales calcula que se tarda entre 8 y 15 meses desde que se evalúa al ciudadano hasta que se le efectúa su informe, cuando no debería superar los 6 meses.
Una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios cifra en ocho meses el tiempo medio de espera hasta que se notifica el grado de discapacidad. Y esta notificación no garantiza aún que se perciba la ayuda. Pueden pasar todavía unos cuantos meses más.
La Ley de Dependencia prevé que en 2009 se revise la aplicación del cuarto pilar del Estado del bienestar. Así que es el momento de revisar la aplicación de la ley.
Algunas comunidades se pusieron pronto manos a la obra y redactaron sus propias normativas en las que se detalla el procedimiento para poner en marcha la ley. Otras todavía no lo han detallado, o lo acaban de hacer. Y algunas han diseñado órdenes que lo complican todo y dejan a los ciudadanos en total desamparo.
Primero: ausencia de presupuesto. En un contexto de crisis, el despliegue puede convertirse en financieramente insostenible. Además, la financiación está ligada a la cifra de dependientes en lugar de a los servicios prestados.
Pero lo más grave es la quiebra de la equidad entre todos los españoles, cada día hay mayor desigualdad entre las Comunidades Autónomas.
Son también muchas las Comunidades que no han transferido dinero a sus ayuntamientos para que pongan en marcha el proceso. Por tanto, los servicios sociales que ya existían están sobrepasados. Y los modelos en que la Comunidad ha centralizado todo el proceso, desde la solicitud hasta la prestación de la ayuda, están funcionando más lenta y desorganizadamente.
Casi la mitad de las prestaciones que se están dando no se especifican. Por tanto, es imposible saber si se ha concedido una plaza en una residencia, un centro de día, una ayuda a domicilio o, simplemente, nada todavía. Pero los trabajadores sociales saben que en muchos casos las ayudas que se conceden están orientadas a los servicios de que disponen y, como no son muchos, estas ayudas se están desequilibrando hacia la prestación económica para que el familiar siga cuidando del dependiente, algo que la ley establece como excepcional.
Y es que ni existen criterios de baremación comunes ni estándares de calidad homogéneos.
Tan dispares son los sistemas de dependencia que algunos han considerado dependientes a todos los que ya estaban siendo asistidos. Contraviene la ley porque la regulación señala que la catalogación como dependiente será siempre a instancias del interesado, además de la falta de participación de los afectados en la Ley. Una crítica muy común es, que la Ley se ha hecho a espaldas de las Comunidades Autónomas y de los colectivos, además de la dispersión existente entre los copagos. Por supuesto, acordar que el copago variará ente el 0-90% no resulta satisfactorio. Algunos especialistas denuncian que el diálogo entre el Estado y las Comunidades Autónomas es de sordos. Reclaman un pacto de Estado entre los dos principales partidos políticos.
Algunos abogan por la municipalización de la ley, que no se ha producido todavía. Los Ayuntamientos son la Administración más cercana al ciudadano. Se advierte sobre la posibilidad de que los ayuntamientos comiencen a construir residencias.
Intuyen que pasará lo mismo que con la sanidad, que el sistema primero integró los hospitales provinciales, locales y de las diputaciones, para después traspasar las competencias. El modelo razonable, apuntan, sería que los ayuntamientos ofreciesen la atención primaria y los centros de día, dejando que sean las Comunidades Autónomas las que desplieguen la red social de residencias.
Tampoco existe una coordinación con el sistema sanitario básico porque el 80% de los dependientes padece una patología. Un tema clave para alcanzar eficiencia, es que nos podríamos estar gastando 150 euros en lugar de 500; no tenemos un problema de dinero sino de eficiencia.
Un problema de eficiencia administrativa que se manifiesta de manera más clara cuando hablamos de empresas privadas, indispensables en la colaboración público-sanitaria. Y es que la existencia de 17 modelos es un importante coste de competitividad. No permite crear empresas con dimensión ni generar economías de escala.
A todo ello hay que añadir la escasa rentabilidad de la actividad. Si el peaje no ofrece un retorno razonable para la inversión, el inversor decidirá irse a otro sector, porque la dependencia puede convertirse en un importante motor de empleo.
Urge corregir este problema porque actualmente el 50% de las grandes empresas de dependencia están en venta.
¿Qué pasaría si las empresas cerrasen porque los números no salen?
Los expertos censuran la ausencia de un modelo claro de dependencia. La ley previó la posibilidad de apoyar al cuidador familiar a modo residual. Sin embargo, la ley se ha convertido en una ley de subsidios. Se ha convertido en el PER de la dependencia. El 75-80% son dádivas, no servicios que pueden dar rentabilidades en otros aspectos, pero no en el cuidado de las personas, que es lo que importa.
No está generando el empleo estable y no deslocalizable que se pretendía.
Muchos opinan que el modelo debería ser similar al utilizado en el seno de la Unión Europea: no avanzar por unanimidades, sino por acuerdos a los que los países se van sumando. 
Algunos expertos proponen buscar fórmulas de canalizar el ahorro individual para financiar la dependencia. Concretamente, abogan por desarrollar productos financieros del tipo de seguro de la dependencia. El asunto se planteó en los años 90 y quedó descartado por lo elevado de las primas ante la incertidumbre del riesgo.
Ha llegado la hora de poner la propuesta encima de la mesa. En este sentido, la Comunidad de Madrid ya ha establecido que en el cálculo de la participación económica no se tendría en cuenta las aportaciones al seguro de dependencia.
La escasez de plantilla atasca las tramitaciones de dependencia. La mayoría son personas de edad avanzada que esperan a que la Comunidad emita el dictamen final sobre su caso para cobrar. El problema es que hasta que los profesionales autonómicos no redactan esos planes, el Gobierno central no asigna el dinero necesario para desarrollarlos. Se calcula que harían falta el doble de personal, para que pudieran decidir con más celeridad si los beneficiarios precisan una residencia, un asistente personal u otro recurso.
Según la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física, sostienen que la ley tiene retrasos serios y hay poca información.