PROF. D. J. BAJO ARENAS

Catedrático de Ginecología y Obstetricia

Presidente Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia

Como decimos es la respuesta que muchos médicos tienen, ante el aumento de denuncias que finalizan en los tribunales con fuertes indemnizaciones a los pacientes. Y en los últimos tiempos, en nuestra especialidad, con penas de inhabilitación para el ejercicio de la especialidad  y cárcel. Es propio de sociedades avanzadas y la secuencia de acontecimientos se inicia con una acción proveniente de un paciente con un daño físico o psíquico, que achaca a una mala asistencia médica. Le sigue una denuncia ante los tribunales, un proceso judicial y una sentencia condenatoria para el médico que deberá pagar indemnización. Si este tiene un seguro, será la compañía aseguradora quien lo haga, en los términos establecidos, hasta el límite fijado en contrato. Si hablamos en términos generales, aproximadamente  un 15 por ciento de los médicos se ha visto envuelto en esta dinámica, pero en especialidades como la nuestra, hasta un 30 % de los ginecólogos, según una encuesta realizada por la SEGO, ha estado involucrado en un proceso judicial. Vivimos pues, momentos procelosos o convulsivos que necesitan de una recapacitación desde diversos estamentos, no ya médicos sino también políticos y jurídicos. Los datos coinciden en señalar que las reclamaciones contra los facultativos han experimentado un crecimiento desmesurado desde 1980 hasta el 2008. En el caso de la Obstetricia la sociedad española exige actualmente que todas las gestaciones evolucionen perfectamente y que una madre sin problemas de a luz un hijo sano. Si no sucede así, el fallo y, por lo tanto, la culpa y la  penalización impuesta por la judicatura, es para el obstetra que acorde a las últimas sentencias deberá abonar cuantiosas sumas (primus movens) a la perjudicada y demandante. La dinámica ha generado un lacerante aumento de las demandas contra los obstetras, que convierten al problema en el más acuciante que actualmente tiene nuestra especialidad y que llenan de acíbar el ejercicio de la misma.

Evitar las denuncias, es decir el que estas disminuyan, es algo que, aunque factible, se me antoja muy difícil, habida cuenta de los intereses económicos que bucean bajo ellas y de los antecedentes empíricos que obran en nuestro poder, procedentes de otros países que nos anteceden en los hechos, que hoy nos ocupan y preocupan.

Pero de lo que se trata no es de impedir que nos denuncien, sino de intentar que las acusaciones que prosperen sean mínimas y que los términos en que lo hagan los menos malignos. Para ello es fundamental:

1. Actuar acorde a Protocolo: el Protocolo es lo más parecido a la formula  o ecuación. Sería la forma en que hay que poner los números o, traducido a la práctica médica, las medidas a tomar y procedimientos a realizar, hechos de forma metódica. Nuestros Protocolos de la SEGO han sido realizados por expertos, analizando los datos y la Medicina basada en la evidencia, están en constante proceso de actualización y son garantes de una Obstetricia y Ginecología bien hecha. Creemos muy recomendable su seguimiento.

2. Consentimientos Informados: el Consentimiento Informado no exime de todos los problemas ni es un antídoto generalizado contra  cualquier demanda. El tenerlo sólo quita de los problemas que da el no haberlo recabado, que son muchos y variados. La SEGO tiene sus Consentimientos Informados, que han sido recientemente corregidos, adaptados al día por un equipo de Ginecólogos y Juristas de peso. Son un elemento sólido plasmado de  seriedad.

3. Formación Continuada: va a ser imprescindible para los médicos actuales y futuros el entrar de lleno en el proceso de Formación Continuada obligatoria ya en otros países.

El aserto, tantas veces oído, como pretenciosamente repetido por algunos (“a mi ya me dieron el título”, “yo ya me lo sé todo”), no se sostiene a la luz de los avances en los conocimientos que tan rápidamente se producen en los momentos actuales. El proceso de formación continuada nos va a llevar al de ACREDITACIÓN, si es que los cursos la tienen, por haberla solicitado y por solvencia contrastada en el profesorado, en el método de control de horas y en los sistemas de evaluación.

Es muy probable que este reciclaje, a corto plazo, sea obligatorio no ya para optar a una plaza, sino incluso para poder seguir ejerciendo, si el Ministerio así lo estipulase. Es obvio que  también delante de un Juez, siguiendo con el hilo conductor de nuestro argumento, será  más fácilmente defendible, el que ha demostrado actualizarse, que el que finalizado su periodo de formación no volvió  a pisar las aulas.

4. Una buena COMPAÑÍA DE SEGUROS y una buena abogacía: si la demanda llegara, supuesto en el que todos tenemos que situarnos puesto que no estamos exentos ninguno, es fundamental para dar bien todos los pasos.

Es en el primer momento cuando hay holgura para maniobrar, y desde que se sospecha que un caso puede acabar en los Tribunales, un orden en los datos, un análisis e Historial Clínico adecuado, son elementos que aclaran y allanan el campo para una buena defensa. Es obvio que si, además, el abogado que decide la Compañía que nos defienda, es del gusto del implicado, le transmite confianza, y a la postre es competente en la materia, las posibilidades de que las consecuencias de la condena, si la hubiere, sean mínimas, aumentan.

La espiral en la que hemos entrado es mala para todos. Genera desconfianza en la relación médico-paciente, costes desorbitados por medicina defensiva, gastos añadidos de litigios que se prolongan por recurrencias a diversas instancias, y recelo de las compañías aseguradoras que no saben cual será la cuantía de la próxima indemnización y que comienzan a retirarse del campo obstétrico. Insisto, es tiempo de reflexión más que de albadas, los médicos debemos estar unidos, y la sociedad plantearse, que no se nos puede seguir agrediendo porque al final la medicina defensiva puede tener un efecto boomerang que se vuelva contra la propia sociedad.